Hacienda calcula que la pérdida que supone la economía sumergida en España es de unos 200.000 millones de euros al año.
Para evitar esta situación, el pasado 11 de octubre entró en vigor la Ley Antifraude 11/2021, que responde al reclamo que venían haciendo los inspectores de hacienda desde hacía mucho tiempo sobre la necesidad de controlar esta situación.